El Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler alarga el periodo obligatorio de alquiler para el arrendador de 3 años a 5 años para los arrendadores personas físicas y a 7 años para los arrendadores personas jurídicas. Puesto que el inquilino puede rescindir el contrato a partir de los seis primeros meses, y los costes de mudanza a otra vivienda son relativamente pequeños, el alargamiento de los plazos obligatorios tiene un efecto económico favorable a los inquilinos en un mercado de alquiler al alza.
No está claro, sin embargo, el efecto de estas medidas en mercados a la baja o con alternancia de subidas y bajadas como son los mercados reales.
En este artículo hemos intentado estimar los efectos económicos del alargamiento de la duración de los contratos.
